Ahora sí paga la banca el AJD, pero…

Ahora sí paga la banca el AJD, pero…

2018-11-09T19:06:56+00:00 9 noviembre, 2018|Noticias, Ultima hora|

El anuncio realizado por el presidente del Gobierno ya es realidad a partir del sábado 10 de noviembre. El BOE publica este viernes un decreto ley que ratifica el citado anuncio y viene a dar forma al quite que realizó de manera habilidosa tras la marcha atrás del Pleno del Tribunal Supremo sobre el tan traído y llevado asunto del obligado al pago del Acto Jurídico Documentado. A partir de ahora serán las entidades financieras las que tendrán que abonar el pago de las hipotecas. La pregunta sigue en el aire ya que el ciudadano no tiene claro si esta medida tendrá un impacto en el coste de los préstamos hipotecarios.

La Jefatura de Estado justifica la decisión indicando como “el escenario descrito constituye una situación de extraordinaria y urgente necesidad, que justifica una acción normativa del Gobierno al amparo del artículo 86.1 de la Constitución Española. El requisito de la extraordinaria necesidad concurre por varias razones. En primer lugar, la situación de incertidumbre generada por los hechos expuestos hace necesario fijar de modo preciso un marco jurídico que establezca las reglas de una actividad mercantil tan común como el contrato de préstamo con garantía hipotecaria. Dicha necesidad se impone como una obligación al legislador, que no puede ser desatendida por su importancia esencial para el desenvolvimiento normal del tráfico hipotecario. En segundo lugar, y en íntima conexión con la incertidumbre generadora de la extraordinaria necesidad, el Gobierno no puede desatender el mandato constitucional de garantizar a los ciudadanos sus derechos como consumidores, dentro de los que ha de entenderse el de contar con un marco jurídico estable y claro”.

¿Qué ocurre a partir de ahora? ¿Con qué cambios nos encontramos?

En la edición digital de El País se hace un análisis que merece la pena leer con detenimiento y que nos permitimos reproducir:

Primer cambio: en el impuesto de las hipotecas

Para que el impuesto lo pague el banco y no el cliente, y según consta en el BOE, el nuevo decreto publicado este viernes en primer lugar modifica el artículo 29 de la ley que regula el impuesto de actos jurídicos documentados (IAJD) y se señala que «será sujeto el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan. Cuando se trate de escrituras de préstamo con garantía hipotecaria, se considerará sujeto pasivo al prestamista», esto es, al banco y no al cliente.

Segundo cambio: exenciones para Estado, Iglesia y la ONCE

Lo que no anunció el Gobierno en su comparecencia del jueves tras el Consejo de Ministros es que los bancos no tendrían que pagar el impuesto de las hipotecas cuando los préstamos se concedan a ciertas entidades, entre ellas los partidos políticos, el Estado y la Iglesia Católica. Hasta ahora, cuando estas organizaciones o entes formalizaban una hipoteca, nadie pagaba ese impuesto a las comunidades autónomas, porque les hubiera correspondido a ellas (como clientes) pero estaban exentas. Ahora son los bancos los que cargan con el impuesto, y sí tendrían que empezar a tributar por el acto jurídico de esas hipotecas al Estado o la Iglesia, pero el decreto salva esos créditos del impuesto.

Así, hay otra modificación según la cual se añade un apartado 25 en el artículo 45.I.B) del real decreto legislativo que regula el impuesto de modo que queden exentas del IAJD «las escrituras de préstamo con garantía hipotecaria en las que el prestatario sea alguna de las personas o entidades incluidas en la letra A) anterior».

¿Qué entidades están incluidas en la salvedad? Según ese artículo de la ley del impuesto se incluye al Estado, las entidades sin fines lucrativos, las cajas de ahorros y fundaciones bancarias en las compras de obra social, el Instituto de España y las Reales Academias, los partidos políticos con representación parlamentaria, la Iglesia Católica y las iglesias, confesiones y comunidades religiosas que tengan suscritos acuerdos de cooperación con el Estado español, la Cruz Roja y la ONCE, entre otros.

En realidad, de cierta forma supone ofrecer una bonificación a las entidades por prestar dinero a este tipo de instituciones. Estos organismos ya estaban exentos del impuesto de las hipotecas cuando el que debía pagarlo era el cliente, por lo que las arcas de las comunidades autónomas ni ganan ni pierden dinero con la excepción. Pero ahora que lo deberán pagar los bancos, y también se incluye esa exención, para los bancos será más barato concederles una hipoteca a esas entidades que a un particular, por lo que podrán también ofrecerles mejores condiciones en los préstamos.

Está por ver si las comunidades autónomas también mantienen algunas exenciones en el pago del impuesto. En algunas, por ejemplo, estaban exentos total o parcialmente del impuesto de las hipotecas las personas con discapacidad, las familias numerosas, los jóvenes y otros colectivos. En la medida en que ahora el banco asuma el pago completo del impuesto para esos colectivos, podrían salir perjudicados por el cambio normativo si las entidades acaban repercutiéndoles el impuesto.

Tercer cambio: retoque en el impuesto de sociedades

Tal y como sí avanzó ayer el Gobierno, también se incluye un pequeño retoque al impuesto de sociedades, para evitar que las entidades bancarias puedan usar lo pagado por el impuesto de las hipotecas para desgravarlo después en la factura del impuesto sobre sociedades. Así, se añade un artículo para que quede fuera de las posibles cosas que se pueden deducir de sociedades. Sin embargo, se especifica que esto solo tendrá efecto el año que viene, porque apunta que será de aplicación «en los periodos impositivos que se inicien a partir de la entrada en vigor de este real decreto», y el próximo periodo impositivo arranca el 1 de enero.

«Se añade una nueva letra m) en el artículo 15 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre sociedades, que queda redactada de la siguiente forma: m) La deuda tributaria del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, modalidad Actos Jurídicos Documentados, documentos notariales, en los supuestos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 29 del Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre».

Volvemos al principio: repercutirá la banca este incremento de coste mediante aumento de porcentajes de comisiones de estudio, apertura, diferenciales… es la gran incógnita. Habrá que estar, cuando menos, expectantes.

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